La comisión de Diáspora y Legislación emitió dictamen favorable a las reformas a la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos, las cuales buscan facultar a las entidades que procesan los datos de los usuarios para que inicien acciones penales contra estos ilícitos, según los parlamentarios, con ello, se fortalecerán las garantías que brinda el país como destino de nuevas inversiones.
La reforma castiga con prisión de 10 a 12 años de prisión a quienes tengan “acceso legítimo” a bases de datos, sistemas de gestión de relaciones con clientes, servicios de blockchain, subcontrataciones o servicios con registros o información de personas, y consulten, extraigan o utilicen de manera ilegítima esta información.
Los parlamentarios, aprobaron dicha reforma luego de escuchar a la directora de inversiones del Ministerio de Economía, Clarisa Valdebran, quien respaldó la propuesta de diputados de Nuevas Ideas y explicó que esta reforma busca que “la misma empresa como custodio de datos” de sus clientes “pueda hacer esta denuncia y proceder legalmente”. Actualmente, puede denunciar el propietario de los datos.