Este 27 de marzo se cumplen tres años desde que el gobierno del presidente Nayib Bukele implementó el régimen de excepción como una herramienta constitucional para combatir a las pandillas y devolver la tranquilidad a los salvadoreños.
Los resultados de esta estrategia han sido históricos, destacando la reducción de homicidios. Para 2024, El Salvador se posicionó como la nación más segura del hemisferio occidental, con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, dejando atrás su pasado como uno de los países más violentos del mundo.
Para 2025, el presidente Bukele proyecta reducir aún más este índice y ha manifestado que, de mantenerse la tendencia, el país podría cerrar el año con menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes. «Nos acercamos a nuestra meta de convertirnos en el país más seguro del mundo», expresó.
El régimen de excepción fue aprobado en marzo de 2022, luego de una ola de 87 asesinatos atribuidos a pandilleros. Desde entonces, la estructura criminal de la Mara Salvatrucha (MS), la pandilla 18 y otros grupos ha sido desarticulada, eliminando su capacidad de reorganización.
Con esta política, los alarmantes índices de homicidios registrados en gobiernos anteriores han quedado en el pasado. Durante las administraciones de ARENA y el FMLN, el país acumuló más de 100,000 asesinatos y llegó a una tasa de 106.3 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015, cuando 6,656 salvadoreños fueron asesinados.
Cercos de seguridad y leyes más severas desmantelaron el poder de las maras en El Salvador
Emprender la guerra contra las pandillas fue algo titánico, pues el gobierno tuvo que echar mano de los recursos legales y operativos para poner tras las rejas a cerca de 87,000 pandilleros entre marzo de 2019 y febrero de 2025, según la última actualización oficial.
La instalación de 12 cercos de seguridad en zonas con mayor presencia de maras le permitió a las fuerzas del orden tomar control de las comunidades y colonias emblemáticas como La Campanera, en Soyapango, donde los pandilleros fueron desterrados.
Con la aprobación del régimen de excepción, se reformaron los cuerpos legales para castigar drásticamente a los cabecillas de maras, colaboradores, financistas y hasta menores de edad vinculados con estos grupos de crimen organizado. La Asamblea Legislativa, integrada mayoritariamente por el partido Nuevas Ideas, avaló las reformas sugeridas por el Ejecutivo.
Se estableció, en reformas al Código Penal, que los financistas, dirigentes y organizadores de grupos terroristas sean condenados hasta 45 años de prisión.
En las enmiendas a la Ley Reguladora de las Actividades Relativa a las Drogas se estableció que los delitos regulados en esta normativa que sean cometidos por pandilleros se condenen hasta con 30 años de cárcel.
Además, se reformó el Código Procesal Penal para garantizar la protección de los jueces; se normó que no serán aplicables medidas alternas ni sustituir la detención en delitos de homicidio, secuestro, robo, extorsión, entre otros.
La ley Contra el Terrorismo y la Ley Penal Juvenil quedaron reguladas de la siguiente manera: formar parte de una organización terrorista será penado hasta con 20 años de cárcel, pero si es cabecilla la pena será de hasta 60 años; también se estableció cárcel de hasta 20 años si se trata de un menor de 16, y hasta 10 años si el joven tiene 12, respectivamente.
Nunca, en la historia de El Salvador los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajaron de forma articulada para defender la vida e integridad de los salvadoreños.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó la necesidad de cortar de raíz el que las pandillas siguieran utilizando menores de edad para cobrar el dinero de la extorsión y alertar sobre el ingreso de policías y soldados a las comunidades con presencia de estos grupos.
«Tenemos que cortar de raíz ese tipo de actividades en las que están reclutando a nuestros niños y jóvenes. Se valen de la intimidación para obligar a la gente a que les colabore, ese círculo es lo que queremos cortar», expuso Delgado en 2022.
