Se trata de miembros de la estructura de empleados municipales de San Miguel Centro.
Son señalados de conformar una estructura dedicada a revender o reciclar nichos a perpetuidad en el cementerio general de San Miguel, así lo determinó el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado «B».
A ellos se les acusó por los delitos de cohecho propio (soborno), negociaciones ilícitas, agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y extorsión.
De acuerdo con el reporte judicial, los espacios eran vendidos en montos que iban desde los $1,300 hasta los $10,000. Estos fueron ofertados entre el 2014 y el 2022.
La banda tenía diferentes métodos de operar; entre ellos en el que, presuntamente, el exadministrador de la oficina del cementerio y su colaborador operativo daban puestos a contratistas de obra de albañilería que trabajaban en el lugar y hacían nichos en lugares designados como pasajes.
