La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, expresó su condena ante un caso de violencia que afectó a una menor de 14 años, afirmando que “ningún salvadoreño debería de morir” y exigiendo que “les caiga todo el peso de la ley” a quienes cometen crímenes contra ellos.
Villatoro subrayó la importancia de proteger a la niñez desde el núcleo familiar y pidió castigo severo para los responsables: “Ojalá que estas personas nunca más vuelvan a ver la luz del sol”, declaró.
Sin embargo, las declaraciones de la parlamentaria contrastan con su historial legislativo. Villatoro, miembro de la oposición, no ha votado en al menos 39 ocasiones por la prórroga del régimen de excepción, una herramienta implementada por el gobierno para combatir frontalmente a las pandillas.
Gracias a esta medida, más de 80,000 pandilleros y colaboradores han sido capturados desde 2022, muchos de ellos implicados en crímenes como los que la diputada denuncia.
El régimen de excepción ha sido clave para devolver la seguridad a comunidades históricamente asediadas por estructuras criminales.
Mientras Villatoro exige justicia y protección, su negativa reiterada a apoyar esta estrategia plantea cuestionamientos sobre la coherencia entre su discurso y sus decisiones legislativas.
