Para dar cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y poder concretar el acuerdo que le permita acceso a fondos, el gobierno de El Salvador envió a la Asamblea el proyecto de Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual fue aprobado por el Órgano Legislativo, este martes 10 de junio.
La ley aprobada plantea obligaciones que el gobierno de El Salvador debe ejecutar hasta lograr reducir sus niveles de deuda en relación a su Producto Interno Bruto (PIB), así como también disposiciones relacionadas con transparencia en el uso de fondos públicos.
La ley deroga la normativa que se aprobó en 2016, y cuya ejecución se suspendió en 2020, por la pandemia de covid-19.
Una de las condiciones que el FMI puso al Gobierno del Presidente Nayib Bukele para alcanzar el acuerdo que le da acceso a más de $1,000 millones era que debía aprobarse una nueva ley de responsabilidad fiscal.
En la normativa aprobada se toma como base un solo parámetro y este es el porcentaje de la deuda en relación al PIB, incluyendo las pensiones. La meta que el Gobierno salvadoreño se ha impuesto es que, en 2045, esta debe haberse reducido al 70 %.
Para llegar a ese porcentaje, se han planteado metas de mediano plazo. Así, el Gobierno se compromete a que, en 2030, la deuda debe haber bajado del 87.2 % hasta el 80 %; y que en 2035 debe haber bajado hasta el 75 %.
