El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Jorge Castaneda, reveló que fue a través de auditorías internas que se detectaron irregularidades en el sistema de conexiones de agua potable, lo cual dio paso a una investigación que expuso a una estructura delictiva dentro de la institución.
“Hicimos auditorías, y se identificó que algunos usuarios no estaban registrados legalmente y se inició la investigación. Estas personas (los capturados) se encargaban de hacer el proceso pero no lo reportaban. Cobraban desde $1,000 hasta $3,000 y esos recursos no entraban a la institución”, detalló el funcionario.
Como resultado de esta investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que 12 exempleados de ANDA fueran enviados a prisión provisional, señalados de formar parte de una estructura criminal dedicada a estafas mediante conexiones ilegales de agua potable.
De acuerdo con la FGR, los involucrados se aprovecharon de sus cargos para engañar a la población, y junto a un contratista, ofrecían conexiones y legalizaciones del servicio a cambio de pagos irregulares. Sus acciones afectaron a más de 200 víctimas, principalmente en el occidente y oriente del país, muchas de ellas familias trabajadoras que intentaban regularizar su servicio.
Además del perjuicio directo a los afectados, esta red también comprometía la distribución del agua potable para usuarios que sí seguían los procedimientos legales. Las autoridades aseguran que las investigaciones continuarán para llevar a los responsables ante la justicia.
