Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola evalúan por estas horas si apelarán la prisión domiciliaria concedida a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión en la causa “Vialidad”. El fallo del Tribunal Oral Federal 2 le permitió cumplir su condena en su residencia del barrio Monserrat, pero los fiscales aún tienen plazo hasta el jueves a las 9:30 a.m. para impugnar la decisión.
Todo indica que los fiscales insistirán con su postura de que la exmandataria debe cumplir pena en una unidad penitenciaria. En al menos dos ocasiones anteriores, Luciani y Mola remarcaron que no existen motivos suficientes, ni de salud ni de edad, para que Cristina Kirchner evite la cárcel, y aseguraron que hay dependencias federales que pueden garantizar su seguridad, incluso considerando el intento de magnicidio que sufrió en 2022.
En su dictamen anterior, los fiscales sostuvieron que la defensa no presentó razones humanitarias válidas y que el beneficio por edad no es automático. Afirmaron también que las condiciones de seguridad podrían garantizarse en los centros sugeridos por el Ministerio de Seguridad. En contraste, el Tribunal Oral consideró que una detención en prisión no aseguraría los derechos fundamentales de la expresidenta, y por eso autorizó el cumplimiento de la pena en su domicilio.
Si los fiscales presentan una apelación, la decisión quedará en manos de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, que ya tiene otros aspectos del caso pendientes. Entre ellos, debe resolver el régimen de visitas impuesto por el tribunal y una apelación contra la tobillera electrónica colocada a la exmandataria. La defensa objetó ambos puntos por considerarlos restrictivos e injustificados, y solicitó que se convoque a expertos internacionales para argumentar contra el monitoreo electrónico.
Cristina Kirchner sostiene que no existe riesgo de fuga, que siempre se ha presentado ante la Justicia, y que cuenta con custodia permanente. Sus abogados también señalan que imponer una tobillera tiene un efecto simbólico de castigo innecesario, y que no contribuye realmente a evitar una evasión. Casación ha convocado una audiencia para el 7 de julio, donde escuchará los argumentos de las partes antes de tomar una decisión definitiva.
