El Fiscal General, Rodolfo Delgado, se pronunció sobre las reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado presentadas por el Ministerio de Seguridad del gobierno de El Salvador.
«Necesitamos este tipo de reformas porque lo que se pretende es establecer un modelo procesal especializado y dinámico que permita que la justicia sea efectiva y expedita, y que responda a toda la dinámica de capturas de todo el procesamiento de 88,750 personas, señaladas que pertenecen a estos grupos pandilleriles», señaló el fiscal.
«Estas reformas presentadas son importantes porque modifican el objeto de la ley para priorizar el combate a las organizaciones criminales que obedecen a una estructura jerárquica. Con esta modificación se permite la persecución de organizaciones transnacionales que cometen delitos de manera sistemática en nuestro Estado y así evitar que en determinado momento intenten usurpan las funciones del Estado, que es lo que los buenos salvadoreños vivieron durante años», detalló.
«Otro aspecto muy importante es que se le otorga un rol definido al juez de menores dentro del proceso. El caldo de cultivo de las pandillas eran nuestros niños y adolescentes y dentro de esta ofensiva en contra de las pandillas fue necesario detener a menores de edad. En estos casos, el juez de menores se vuelve un garante de los derechos que le asisten en virtud de tratados o convenciones internacionales suscritas por el Estado salvadoreño. Sin embargo, quien lleva la dirección del proceso y quien tiene que analizar la evidencia es el juez de crimen organizado», agregó.
«Hay que considerar que con la entrada en vigencia del Régimen de Excepción y con el apoyo de los diferentes órganos del Estado presenciamos la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998″, manifestó el Fiscal General, Rodolfo Delgado. Esta es una solución de seguridad integral que ataca al principal enemigo del Estado, las pandillas, creada por salvadoreños e implementada por salvadoreños», dijo.
«También, se mantiene el equilibrio en cuanto a las garantías procesales para los detenidos y también van a ser una herramienta para que los jueces logren tramitar adecuadamente estos 600 procesos en los que van a estar vinculadas las 88,750 personas detenidas en este momento», puntualizó.
