La postura del presidente Gustavo Petro respecto a la existencia del llamado «Cartel de los Soles» y sus presuntos vínculos con grupos como el ELN y Hezbollah ha generado críticas en distintos sectores políticos y sociales del país. Analistas y opositores aseguran que el mandatario está minimizando la gravedad de estas alianzas y adoptando una posición que podría ser percibida como favorable hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Recientemente, Estados Unidos vinculó al «Cartel de los Soles» directamente con Maduro y elevó la recompensa por información que conduzca a la captura de sus líderes a 50 millones de dólares, aumentando las tensiones entre Caracas y Washington. La administración estadounidense ha reforzado su presencia militar en la región con el posicionamiento de buques de guerra frente a las costas venezolanas.
Además, países como Ecuador y Paraguay se han sumado a la medida y han catalogado al «Cartel de los Soles» como una organización terrorista, reflejando la creciente preocupación regional sobre la expansión de esta red criminal transnacional.
La controversia se intensifica a pocos meses de las elecciones presidenciales en Colombia, pues expertos advierten que la percepción de complicidad o tolerancia hacia redes criminales y actores estatales vinculados al narcotráfico podría impactar en la opinión pública y la confianza internacional en la política de seguridad del país.
Organizaciones civiles y políticos de oposición han señalado que ignorar o desestimar los informes de inteligencia que vinculan a altos funcionarios chavistas con el narcotráfico y grupos terroristas puede debilitar la estrategia colombiana en la lucha contra el crimen organizado y afectar la cooperación con agencias internacionales.
Por su parte, el presidente Petro ha defendido su postura, argumentando que la narrativa del «Cartel de los Soles» ha sido utilizada como un pretexto político por sectores de derecha para desestabilizar gobiernos progresistas en la región.
A medida que se acercan las elecciones, la discusión sobre la relación del gobierno colombiano con actores venezolanos y grupos criminales sigue siendo un tema central en el debate político nacional e internacional.
