La diputada de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, expresó este lunes su preocupación por el continuo apoyo popular al presidente Nayib Bukele, atribuido principalmente a los logros en materia de seguridad pública bajo el régimen de excepción vigente desde 2022.
En declaraciones a medios locales, Villatoro calificó de «lamentable» que la población siga respaldando al mandatario, a pesar de las denuncias internacionales sobre violaciones a los derechos humanos derivadas de esta política.
«Es triste ver cómo la gente, cegada por la aparente mejora en la seguridad, ignora los costos humanos de este régimen de excepción», afirmó Villatoro durante una entrevista.
La legisladora, una de las voces más críticas de la oposición, reconoció que los altos índices de seguridad han sido un factor clave en la popularidad de Bukele, pero insistió en que «no podemos sacrificar libertades por una ilusión de paz».
Esta declaración se produce en un contexto donde las encuestas más recientes confirman el sostenido respaldo al presidente. Según un sondeo de CID-Gallup publicado el 11 de septiembre, el 87% de los salvadoreños aprueba la gestión de Bukele, con un 86% de opiniones favorables hacia su figura personal.
Otro estudio de TResearch en mayo reveló una aprobación aún mayor, del 90.1%, destacando que el 66.1% de los encuestados considera que el gobierno ha superado las expectativas en temas como la lucha contra las pandillas.
Estas cifras superan ampliamente el promedio regional y se mantienen estables a pesar de críticas por el prolongado estado de excepción, que ha permitido la detención de unas 89.000 personas sospechosas de vínculos con pandillas, según datos oficiales.
El régimen de excepción, prorrogado mensualmente por la Asamblea Legislativa controlada por el partido Nuevas Ideas de Bukele, ha reducido drásticamente la tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 2.4 en 2023, por debajo del promedio mundial.
En contraste con las críticas, el gobierno defiende el régimen como una «guerra contra el terrorismo» que ha devuelto la paz a las calles, con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, prometiendo su continuación hasta erradicar las pandillas.
