La Asamblea Legislativa de Costa Rica votó el 22 de septiembre en contra de retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, quien enfrenta acusaciones de corrupción vinculadas a un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Con 34 votos a favor, 21 en contra y 2 ausencias, el Congreso no alcanzó la mayoría calificada de 38 votos necesaria para proceder con el desafuero.
La Fiscalía General acusa a Chaves de presionar al productor audiovisual Christian Bulgarelli para que desviara parte de un contrato hacia un exasesor presidencial. Aunque el presidente celebró la decisión como un respaldo a su gestión, la investigación continuará una vez concluya su mandato en mayo de 2026.
Además, el 16 de octubre de 2025, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa que retire la inmunidad de Chaves por presuntas violaciones a las restricciones legales que prohíben a los funcionarios públicos interferir en asuntos electorales. Según el TSE, el presidente habría respaldado activamente a la candidata oficialista Laura Fernández en las elecciones presidenciales de febrero de 2026, lo que constituye un nuevo intento de desafuero centrado esta vez en el ámbito electoral.
Ambos casos han generado un intenso debate político en Costa Rica, con fuertes tensiones entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde muchos analistas cuestionan la rendición de cuentas, la independencia institucional y la protección de la integridad electoral.
