La familia Paz Juárez se verá las caras este miércoles con los representantes de la sociedad Salazar Romero, a quienes acusan de los delitos de allanamiento de morada, ejercicio violento del derecho y daños agravados.
La empresa, por su parte, señala que durante un año, los demandantes «nunca cancelaron las cuotas» acordadas y que además «entregaron a la empresa un cheque sin fondos».
En 2017, el Juzgado Quinto de Instrucción programó una audiencia preliminar en un caso, en el que los ofendidos responsabilizan a la constructora por los daños a sus pertenencias y por la realización de construcciones no autorizadas en perjuicio de la comunidad.
Según el requerimiento fiscal, a inicios de 2014 los Paz Juárez firmaron un contrato con la empresa para adquirir una vivienda en el proyecto Metrópoli San Gabriel, ubicado en San Juan Opico, con un valor de $94,354. El inmueble les fue entregado en marzo de ese mismo año.
La familia ingresó a la casa con la expectativa propia de estrenar vivienda; sin embargo, apenas dos días después de habitarla, una fuerte lluvia dejó al descubierto diversas deficiencias: filtraciones en el techo, inundaciones y tuberías obstruidas debido a que no contaban con la profundidad reglamentaria. Asimismo, un estudio técnico determinó una mala nivelación de los pisos, ya que el agua, en lugar de drenar hacia el exterior, corría hacia la habitación principal, provocando constantes inundaciones.
Los problemas continuaron días después, cuando comenzaron a percibir malos olores dentro de la vivienda, producto de deficiencias en la cañería. Posteriormente, al perforar una pared para instalar un aire acondicionado, se desprendió parte del muro, cuya consistencia era arenosa.
De acuerdo con el expediente judicial, ante las múltiples irregularidades, los Paz Juárez optaron por presentar reclamos a la empresa, sin obtener respuesta favorable. Ante esa situación, decidieron suspender el pago de las cuotas mensuales establecidas, ya que Salazar Romero exige a los compradores adquirir el crédito directamente con la empresa y no a través de la banca tradicional. La constructora, en su defensa, afirma que la familia habitó la vivienda durante un año sin cancelar una sola mensualidad.
Según consta en el proceso, a los representantes legales de Salazar Romero no les agradó la negativa de pago, por lo que un día ingresaron al inmueble, cambiaron las chapas de las puertas para impedir el acceso de los esposos y retiraron las pertenencias de la familia, las cuales habrían sido abandonadas frente a la empresa donde trabajaban, ocasionando daños a muebles y línea blanca.
La compañía sostiene que existió un acuerdo con el cliente para “el retiro de los bienes muebles” de la vivienda.
Tras estos hechos, la empresa contactó telefónicamente al propietario para informarle que la casa había sido desalojada y recuperada de manera legal. No obstante, el expediente judicial señala que, al consultar al Juzgado de lo Civil de Apopa sobre la existencia de alguna demanda contra las supuestas víctimas, el juez confirmó que no existía ningún proceso en su contra.
Por estas acciones, la familia llevó el caso ante la justicia salvadoreña y reclama $50,000 en concepto de responsabilidad civil. Salazar Romero, sin embargo, afirma que no puede cubrir esa cantidad, ya que los daños reportados ascienden, según su cálculo, a $5,000.
En este proceso figuran como imputados David Alexis García Rodríguez, Roberto Antonio Menjívar, Mario Orlando Juárez Echeverría, Carmen Salazar Landaverde, Rosa María Romero de Salazar y José Raúl Salazar Landaverde, todos representantes de la sociedad Salazar Romero.
En su defensa, la empresa constructora emitió un comunicado en el que asegura que los supuestos afectados “nunca cancelaron las cuotas acordadas por la vivienda en cuestión”.
Señala además que el único pago realizado fue de $705 en concepto de prima por una vivienda valorada en $86,000.
El documento también indica que la familia intentó efectuar un pago de $1,621 mediante un cheque sin fondos y que, ante esas acciones, se les notificó sobre posibles medidas legales.
Según la empresa, los esposos “optaron por la devolución de la vivienda, firmando un documento que avalaba la devolución oficial y legal del inmueble, así como el retiro de los bienes muebles”. No obstante, aclaran que no fue la empresa la que retiró los muebles, sino los propios inquilinos.
