Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador sostienen que la incorporación de la cadena perpetua en el país es “viable” y compatible tanto con la Constitución como con los tratados internacionales, en el marco de la reforma impulsada por la Asamblea Legislativa.
Los funcionarios del Órgano Judicial participaron en una reunión con diputados de la comisión política, donde se analiza la ratificación del acuerdo constitucional número seis, aprobado la semana pasada en sesión plenaria. La discusión busca armonizar la reforma constitucional con la normativa penal antes de su posible aprobación definitiva.
A la reunión asistieron el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros, y el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Fernando Marroquín, quienes expusieron criterios técnicos sobre la propuesta.
Marroquín afirmó que “no existe incompatibilidad” entre la reforma y los compromisos internacionales del país, ni con el resto del contenido constitucional. Añadió que los fines de la pena, como la prevención y la resocialización, se mantienen intactos, ya que la cadena perpetua también responde a un objetivo de disuasión frente a delitos de extrema gravedad.
En la misma línea, los magistrados señalaron que existe jurisprudencia penal y constitucional que respalda este tipo de sanción, incluso antes de que se planteara la reforma. Según indicaron, la resocialización de los privados de libertad no entra en conflicto con la aplicación de esta medida.
Por su parte, Quinteros aclaró que la propuesta no contempla una cadena perpetua absoluta, sino una pena sujeta a revisiones periódicas. Explicó que los privados de libertad deberán demostrar, con evidencias verificables, que han dejado de representar un riesgo para la sociedad.
El magistrado también destacó que la reforma está orientada a castigar delitos de extrema gravedad, especialmente aquellos que afectan a poblaciones vulnerables, y subrayó la importancia de fortalecer la protección del derecho a la vida de las mujeres.
Además, aseguró que la iniciativa no vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño y responde a la necesidad de evitar la reincidencia en delitos graves, como los de carácter sexual.
La propuesta continúa en estudio dentro del Órgano Legislativo y podría ser sometida a ratificación en los próximos días.
