Las importaciones de armas y municiones en El Salvador registraron una caída del 86 % en los últimos dos años, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
De acuerdo con las cifras oficiales, desde 1994 las importaciones de armamento habían alcanzado sus mayores alzas en 2022, con un total de $15.8 millones, y en 2023, con $10 millones. Sin embargo, en 2024 el valor descendió drásticamente a $3.2 millones, y en 2025 bajó aún más, superando los $2.1 millones adicionales en reducción.
Esta fuerte contracción coincide con la significativa transformación en materia de seguridad que ha experimentado el país en los últimos años. Las autoridades han destacado que la reducción de la violencia y el control territorial logrado han disminuido la necesidad de grandes adquisiciones de armamento, al tiempo que se ha impulsado la destrucción sistemática de armas decomisadas a grupos terroristas para evitar que regresen al mercado ilegal o a las calles.
Expertos en seguridad vinculan esta tendencia a los resultados positivos del Plan de Control Territorial y el régimen de excepción, que han permitido desmantelar estructuras criminales y reducir los índices de homicidios a niveles históricos. La menor importación reflejaría, por tanto, una estabilización del entorno de seguridad, donde las compras se limitan ahora a lo estrictamente necesario para el equipamiento de las fuerzas del orden.
Los datos del BCR confirman que, tras los picos récord de 2022 y 2023 —época de mayor intensidad en la confrontación contra las pandillas—, las importaciones han vuelto a niveles mucho más bajos, alineados con una nueva realidad de mayor tranquilidad en el país.
Esta reducción no solo representa un ahorro para las finanzas públicas, sino que también simboliza el avance hacia una nación más segura, donde el foco se desplaza de la adquisición masiva de armamento a la consolidación de la paz y el desarrollo.
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