La congresista estadounidense Anna Paulina Luna, co-presidenta del Caucus de El Salvador en el Congreso de Estados Unidos, reaccionó a una audiencia impulsada por legisladores demócratas en la que se abordan presuntos abusos a los derechos humanos en el país centroamericano.
A través de sus redes sociales, la legisladora calificó las acusaciones como “mentiras” y aseguró que, tras visitar El Salvador, pudo constatar personalmente la situación en el territorio.
“Hoy, los demócratas están celebrando una audiencia para acusar al presidente Bukele de abusos a los derechos humanos, lo cual son todas mentiras”, expresó Luna, quien además agradeció al mandatario Nayib Bukele por “liberar al pueblo salvadoreño”.
En un video difundido en sus redes sociales, la congresista afirmó que durante su visita recopiló evidencia sobre abusos cometidos por pandillas como MS-13, señalando que dicha información fue ofrecida a medios de comunicación y a legisladores demócratas, quienes no mostraron interés en revisarla.
Asimismo, sostuvo que tanto ella como el congresista demócrata Vicente González, con quien co-preside el caucus, no observaron abusos de derechos humanos por parte del Gobierno salvadoreño durante sus visitas.
“Para ellos es un tema político”, afirmó Luna, al señalar que las críticas responden a intereses electorales en Estados Unidos.
Por su parte, la cuenta oficial del Caucus de El Salvadors también respaldó al gobierno salvadoreño, destacando la reducción de la violencia en el país. En su pronunciamiento, cuestionaron la postura de los demócratas durante los años más críticos de criminalidad.
“El presidente Bukele ha liberado a El Salvador para el pueblo salvadoreño. ¿Dónde estaban los demócratas cuando más de 20,000 personas estaban siendo asesinadas en el punto álgido de la violencia de las pandillas?”, publicó el grupo en redes sociales.
Las declaraciones reflejan la creciente polarización en Washington en torno a la estrategia de seguridad implementada en El Salvador, la cual ha sido elogiada por algunos sectores internacionales, pero también cuestionada por organizaciones y legisladores que advierten posibles vulneraciones a los derechos humanos.
