La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable número 273 para aprobar la Ley Especial y Transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, aduaneras y otras multas, conocida como amnistía fiscal 2026. La iniciativa busca brindar a los contribuyentes condiciones para regularizar sus deudas con el Estado mediante la exoneración de multas, intereses y recargos, según corresponda.
Durante la presentación ante los diputados, el director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Marvin Sorto, explicó que la propuesta no busca perdonar el capital de los impuestos adeudados, sino ofrecer una oportunidad a personas y empresas que, por diferentes circunstancias, no han podido cumplir con sus obligaciones tributarias. Según el funcionario, el propósito es promover el cumplimiento voluntario y permitir que los contribuyentes recuperen capacidad económica para invertir en sus negocios y mantener empleos.
Sorto detalló que la amnistía fiscal anterior benefició a 56,195 contribuyentes. De acuerdo con las cifras presentadas, el 71 % de la recaudación correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes contribuyentes. Asimismo, señaló que más de $60 millones quedaron disponibles para reinversión en la economía nacional tras el proceso anterior.
La propuesta contempla beneficios para contribuyentes con obligaciones pendientes ante la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, así como para determinados casos en procesos administrativos y judiciales. Entre las situaciones mencionadas figuran declaraciones tributarias no presentadas, impuestos declarados pero no pagados, diferencias detectadas durante fiscalizaciones y obligaciones aduaneras relacionadas con importaciones y exportaciones, de acuerdo con las condiciones previstas en la iniciativa.
El funcionario también explicó que podrían acogerse contribuyentes que arrastran deudas de años anteriores, incluso quienes participaron en amnistías previas y no lograron completar sus pagos. Además, la propuesta incluye facilidades para regularizar determinadas obligaciones relacionadas con retenciones de impuestos y requisitos formales, como la actualización de domicilios fiscales o el nombramiento de auditor fiscal, bajo los términos establecidos para cada caso.
Uno de los puntos destacados durante la exposición fue el tratamiento de las multas de tránsito. Sorto aclaró que la iniciativa no contempla perdonar el monto original de las infracciones, sino exonerar los recargos correspondientes a multas impuestas hasta el 30 de septiembre de 2026. También se propone exonerar intereses y recargos de determinadas multas impuestas por otras instituciones del Estado, sin eliminar necesariamente la sanción original.
Como ejemplo, el director mencionó a emprendedores que desconocían su obligación de presentar declaraciones tributarias y que acumularon multas e intereses, así como a trabajadores que no presentaron su declaración del impuesto sobre la renta por desconocimiento. También expuso casos de negocios que deben enterar al fisco impuestos retenidos a sus empleados y que pueden enfrentar sanciones adicionales por incumplimientos.
En cuanto a las facilidades de pago, Hacienda propone autorizar hasta nueve cuotas mensuales para cancelar las obligaciones correspondientes. La primera cuota equivaldría al 10 % del impuesto complementario adeudado, mientras que las ocho restantes se pagarían de manera sucesiva. Según lo expuesto ante la comisión, el plazo para acogerse a los beneficios se extendería hasta el 11 de diciembre de 2026.
Con el dictamen favorable número 273, la propuesta de amnistía fiscal 2026 avanza en el proceso legislativo. La medida busca facilitar la regularización de obligaciones pendientes y recuperar recursos para el Estado, al tiempo que ofrece a los contribuyentes alternativas para ponerse al día con sus compromisos. La entrada en vigor de los beneficios dependerá de la aprobación definitiva de la ley por parte de la Asamblea Legislativa y del cumplimiento de los procedimientos correspondientes.
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