El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, anunció una reunión para las 3:00 de la tarde de este martes con las principales autoridades del sistema de justicia y seguridad, con el objetivo de dialogar y alcanzar consensos sobre un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, dirigidas a fortalecer las acciones contra el terrorismo, las maras y las pandillas.
Entre los convocados figuran el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el fiscal general, el ministro de Seguridad, el director de la Policía Nacional y representantes de las Fuerzas Armadas y de los organismos de inteligencia. El encuentro busca discutir las propuestas antes de avanzar en su tratamiento legislativo, en medio de los esfuerzos del Congreso hondureño por endurecer las herramientas legales contra las estructuras criminales.
La iniciativa se produce después de que Zambrano encabezara, los días 15 y 16 de octubre, una delegación legislativa que visitó El Salvador para conocer el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y estudiar las medidas de seguridad y control penitenciario implementadas en el país. Durante su visita, el funcionario expresó interés en identificar experiencias que puedan adaptarse a la realidad hondureña, incluidas reformas legales, nuevas instalaciones penitenciarias y mecanismos para reforzar el control sobre los privados de libertad.
El acercamiento entre ambos países cobra relevancia luego de que El Salvador ratificara en marzo de 2026 una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para delitos de homicidio, violación y terrorismo. En Honduras, Zambrano ha planteado la necesidad de establecer la privación de libertad de por vida para quienes asesinen a operadores de justicia que combaten a las maras y pandillas.
Entre las reformas hondureñas que se discutirán figura ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar el requerimiento fiscal contra personas detenidas por su presunta vinculación con grupos criminales. También se contempla permitir allanamientos sin orden judicial previa durante operaciones coordinadas contra estas estructuras, con acompañamiento de un fiscal del Ministerio Público. Zambrano sostuvo que las medidas estarán dirigidas a operaciones contra el terrorismo, las maras y las pandillas, y aseguró que no buscan habilitar actuaciones contra ciudadanos ajenos a esas organizaciones.
Otro de los puntos planteados es que los tatuajes alusivos a maras y pandillas puedan constituir elementos probatorios para sustentar un requerimiento fiscal por presunta pertenencia a asociaciones terroristas. La propuesta también contempla penas de 23 años para integrantes de estas organizaciones y condenas de entre 30 y 40 años para sus cabecillas, según lo expresado por Zambrano, aunque las sanciones definitivas dependerán del contenido final del dictamen y de su aprobación legislativa.
Además de las reformas penales, el Congreso hondureño ha anunciado que estudia la construcción de un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad, tomando como referencia algunos aspectos observados durante la visita al CECOT, entre ellos los mecanismos de vigilancia, la disciplina carcelaria y el uso de audiencias virtuales. Las autoridades hondureñas han señalado que las experiencias salvadoreñas serán evaluadas para determinar cuáles pueden adaptarse a las condiciones y necesidades de su país.
La reunión de este martes será clave para conocer si las autoridades de justicia y seguridad alcanzan acuerdos sobre el contenido de las reformas y qué disposiciones podrían avanzar en el Congreso.
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