El Departamento de Justicia de Estados Unidos desplegó cerca de 1,000 observadores electorales en los 50 estados del país durante las elecciones legislativas de este martes 3 de noviembre, en un operativo de supervisión que ha generado controversia por las facultades y el alcance de la presencia federal en los centros de votación.
La medida fue presentada por las autoridades como parte de los esfuerzos para vigilar el cumplimiento de las leyes electorales y garantizar el desarrollo del proceso. Sin embargo, organizaciones civiles, entre ellas la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), expresaron preocupación por una posible intimidación de los votantes y solicitaron bloquear el despliegue.
Ante la controversia, una jueza federal permitió la presencia de los observadores, pero estableció restricciones para sus actuaciones: no podrán ser agentes policiales, portar armas, utilizar uniformes ni realizar detenciones. El operativo se desarrolla mientras millones de estadounidenses acuden a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso y definir el equilibrio político que tendrá el presidente Donald Trump durante los próximos dos años.
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