La Asamblea Legislativa aprobó este jueves 11 de septiembre, con 57 votos, la Ley de Energía Geotérmica, una normativa que busca diversificar la matriz energética del país y aprovechar de manera sostenible los recursos del subsuelo. La iniciativa contempla regulaciones para la prospección, exploración y explotación geotérmica, con el fin de generar electricidad y otros usos directos de esta fuente renovable.
De acuerdo con la legislación, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) será la institución encargada de supervisar, fiscalizar y otorgar los permisos, además de diseñar políticas públicas y emitir regulaciones técnicas. Las concesiones deberán contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa, lo que según los diputados garantiza transparencia en el proceso.
La diputada de Nuevas Ideas, Dania González, destacó que la dependencia de fuentes tradicionales como la hidroeléctrica, junto con los efectos del cambio climático, hacen indispensable diversificar la producción energética. Aseguró que la ley establece un marco sólido y especializado para atraer inversión nacional y extranjera mediante incentivos fiscales que generen confianza en el país.
Entre los beneficios económicos que la normativa ofrece a nuevas inversiones se encuentran la exoneración de aranceles en la importación de maquinaria por diez años, la exención del Impuesto sobre la Renta durante una década y deducciones fiscales por reinyección geotérmica y preinversión en infraestructura eléctrica. Estos incentivos estarán reservados únicamente para proyectos que incrementen la capacidad de generación.
Por su parte, el diputado William Soriano resaltó que el recurso geotérmico es un patrimonio nacional que debe aprovecharse para garantizar energía limpia y tarifas más justas a la población. Subrayó que el objetivo es asegurar que las actuales y futuras generaciones tengan acceso a electricidad segura y libre de combustibles fósiles.
La normativa también contempla sanciones para quienes incumplan la ley. Las infracciones se clasifican en graves y muy graves, con multas que van desde 5,000 hasta 10,000 salarios mínimos de la industria, aplicables a casos como operar sin concesión, no presentar informes o alterar instalaciones sin autorización.
Con este nuevo marco legal, El Salvador busca fortalecer su matriz energética, generar empleos, atraer inversión extranjera y consolidarse como un país con mayor capacidad de producción renovable, competitividad regional y sostenibilidad ambiental.
