La decisión del gobierno de Javier Milei autoriza la compra y tenencia de «armas semiautomáticas, alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al 22, de acuerdo al decreto.
Los civiles deben probar «usos deportivos», según el texto.
La disposición deroga una prohibición al respecto que regía desde 1995, cuando se restringió al ámbito militar la compra y uso de ese tipo de armamento y se creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
«Hay ligereza y temeridad del gobierno en este tema que minimiza las consecuencias de estas decisiones y parece hacerlo por una postura entre fanática y dogmática respecto al uso de armas de fuego», dijo a la AFP el abogado Julián Alfie, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y miembro de la Red Argentina para el Desarme.
El decreto lleva la firma del presidente Milei, del jefe de ministros, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Esta es la última de una serie de medidas que flexibilizan la tenencia de armas en Argentina, donde según datos oficiales citados por el Centro de Estudios Legales y Sociales «en el año 2022 uno de cada dos homicidios dolosos (…) fue producido con un arma de fuego».
