La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa continuó este martes 19 de mayo el estudio de la nueva Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), para lo cual recibió al ministro de Hacienda, Jerson Posada, quien expuso los principales alcances de la propuesta impulsada por el Ejecutivo.
Durante la sesión de trabajo, el funcionario explicó que el objetivo de la normativa es regular los procedimientos para el establecimiento, ejecución y terminación de alianzas entre el Estado y privados, a través de las entidades habilitadas. Según Posada, la intención es “dinamizar de una forma más expedita” la adjudicación de proyectos sin perder el control fiscal ni los beneficios para la población.
El ministro detalló que la propuesta contempla dos tipos de contratos APP: los autosostenibles, cuyos ingresos para el privado provendrían de tarifas cobradas a los usuarios, y los cofinanciados, donde los ingresos incluirían recursos, garantías o erogaciones estatales.
Uno de los puntos centrales de la discusión fue la creación de la Dirección de Alianzas Público-Privadas (DAPP), que funcionaría como una unidad organizativa dentro del Ministerio de Hacienda con autonomía técnica para el análisis de proyectos. Posada aseguró que no se trata de una nueva institución estatal. “La DAPP será una dirección más de Hacienda, la única diferencia es que tendrá autonomía en la parte técnica”, afirmó.
Entre las atribuciones de la DAPP, según lo expuesto en la comisión y reflejado en material presentado durante la sesión, estarían identificar sectores prioritarios para proyectos APP, llevar un registro de contrataciones, revisar evaluaciones de admisibilidad y solicitar informes fiscales relacionados con las iniciativas.
Además, el titular de Hacienda señaló que la cartera de Estado tendrá la facultad de emitir dictámenes fiscales sobre los proyectos, incluyendo análisis presupuestarios, asignación de riesgos, asequibilidad y estudios de “valor por dinero”.
La iniciativa busca sustituir la actual Ley Especial de Asocios Público Privados y ampliar el marco para el desarrollo de proyectos en áreas como infraestructura, logística, turismo, energía y tecnología. Entre otros aspectos, la propuesta contempla contratos de hasta 50 años y mecanismos para recibir iniciativas privadas.
