La propuesta de la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, de reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13 % al 6.5 %, ha generado cuestionamientos desde distintos sectores, que señalan una falta de sustento técnico al compararla con la Ley Quincena 25 presentada por el presidente Nayib Bukele.
Ortiz aseguró que su iniciativa, planteada días antes del anuncio del Ejecutivo, tenía el potencial de beneficiar al 100 % de la población salvadoreña y que la propuesta gubernamental sería una reacción a la presentada por su fracción legislativa. Sin embargo, analistas económicos y especialistas en políticas públicas advierten que reducir el IVA no es una decisión sencilla ni inmediata, debido a su impacto directo en las finanzas del Estado.
El IVA es uno de los principales impuestos que sostienen el presupuesto nacional y financian servicios esenciales como salud, educación, seguridad e infraestructura. Una reducción generalizada del impuesto a la mitad implicaría una caída abrupta de ingresos fiscales, lo que obligaría al Estado a recortar gasto, incrementar deuda o crear nuevos impuestos para compensar el déficit.
Además, expertos señalan que una rebaja del IVA no garantiza que el beneficio llegue de forma íntegra a las familias que realmente necesitan un alivio, ya que parte de la reducción puede quedarse en la cadena de comercialización. A esto se suma que el alivio fiscal sería igual para todos los consumidores, independientemente de su nivel de ingresos, lo que convierte la medida en poco focalizada para quienes si la necesitan y altamente costosa para el país.
En contraste, la Ley Quincena 25 es considerada una política pública más estructurada y técnicamente viable. La iniciativa establece un ingreso extra equivalente al 50 % del salario mensual para trabajadores que ganan hasta $1,500 dólares, enfocado en el mes de enero, históricamente el más complicado para los hogares salvadoreños.
A diferencia de la reducción del IVA, la Quincena 25 es una medida focalizada, con reglas claras y sin afectar derechos adquiridos como salario, aguinaldo o bonos. Además, el ingreso es protegido, no está sujeto a descuentos ni puede ser embargado, lo que garantiza que el beneficio llegue completo a los trabajadores.
Otro elemento clave señalado por analistas es que la ley incorpora al sector privado de forma gradual y con incentivos fiscales, permitiendo deducir el 100 % del monto otorgado del Impuesto sobre la Renta. Esto sugiere que la propuesta fue discutida y analizada previamente con el sector empresarial, reduciendo el riesgo de afectar la estabilidad financiera de las empresas.
Desde esta perspectiva, especialistas consideran que comparar una reducción general del IVA con la Ley Quincena 25 evidencia un desconocimiento de las diferencias entre una medida fiscal estructural, con efectos permanentes y riesgos macroeconómicos, y una política pública diseñada para atender un problema específico de manera directa y controlada.
Mientras la reducción del IVA tendría consecuencias amplias y difíciles de revertir, la Ley Quincena 25 se perfila como una intervención puntual, con impacto inmediato en el consumo y la dinamización económica, especialmente en el comercio formal e informal durante enero.
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