En un golpe contundente contra la violencia pandillera, el Tribunal de Sentencia de San Miguel dictó una sentencia de 45 años de prisión contra Alexis Canizales, un operador clave de una estructura ilícita que sembró terror en los cantones San Antonio Silva y Miraflores. Condenado por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, Canizales acumula dos ejecuciones atribuidas directamente a su accionar, incluyendo un brutal asesinato en 2015 motivado por la sospecha de colaboración con la Policía Nacional Civil (PNC).
El caso más emblemático ocurrió el 15 de septiembre de 2015, cuando Canizales irrumpió en un establecimiento comercial del cantón San Antonio Silva armado con una pistola. Sin mediar palabra, disparó repetidamente contra la víctima, a quien acusaba de ser un «soplón» que filtraba información a las autoridades. El homicidio, ejecutado a sangre fría en pleno día, dejó un saldo de un muerto y conmocionó a la comunidad rural, donde las pandillas imponían su ley mediante extorsiones y amenazas constantes. Fuentes fiscales revelan que este crimen fue parte de una estrategia de «limpieza interna» para silenciar presuntos traidores y mantener el control territorial.
El segundo homicidio atribuido a Canizales data de un incidente similar en el cantón Miraflores, donde su rol como ejecutor de la pandilla facilitó el asesinato de otra persona vinculada a disputas internas. Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas irrefutables, incluyendo testimonios de testigos protegidos, balística forense y registros de comunicaciones que lo ligan directamente a la estructura criminal. «Este veredicto envía un mensaje claro: la justicia no da tregua a quienes usan la violencia para aterrorizar a nuestras comunidades», declaró el fiscal asignado al caso, enfatizando el impacto de la sentencia en la desarticulación de células pandilleras en la zona oriental.
La condena de 45 años –20 por cada homicidio agravado y 5 adicionales por agrupaciones ilícitas– asegura que Canizales, de 38 años, pase el resto de su vida adulta tras las rejas del Centro Penal de San Miguel. Autoridades de la PNC y el Ministerio de Justicia celebraron la resolución como un avance en la lucha contra el crimen organizado, recordando que operaciones similares en 2025 han reducido en un 30% los homicidios en San Miguel comparado con años previos. Sin embargo, residentes de los cantones afectados urgen mayor presencia policial para prevenir represalias de remanentes pandilleros.
Este fallo se suma a una ola de condenas recientes en El Salvador, donde el régimen de excepción ha facilitado la captura y juzgamiento de miles de implicados en delitos graves. Para las familias de las víctimas, como la del hombre asesinado en 2015, la sentencia representa un cierre parcial a una herida abierta: «Al fin, justicia para mi hermano, que no merecía morir por rumores», expresó un familiar en exclusiva a este medio. El caso de Canizales subraya la persistente amenaza de las pandillas, pero también el compromiso inquebrantable del sistema judicial por erradicarlas de raíz.
