Costa Rica enfrenta uno de los años más violentos de su historia reciente. Según el último informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al 15 de octubre de 2025 se registran 691 homicidios dolosos en todo el país, superando los 683 casos reportados en el mismo periodo del año pasado.
Las provincias más afectadas son San José y Limón, que en conjunto acumulan más de 370 muertes violentas, la mayoría de ellas relacionadas con ajustes de cuentas entre grupos delictivos vinculados al narcotráfico y al control de territorios para el trasiego de drogas.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que la tendencia al alza se mantiene pese a los esfuerzos policiales y a la creación de nuevas unidades de investigación. “Estamos viendo un fenómeno de violencia más organizada, donde las estructuras criminales utilizan sicarios para disputarse puntos estratégicos de venta y distribución”, señaló.
Ante la situación, el Ministerio de Seguridad Pública ha reforzado los operativos en zonas críticas, especialmente en los cantones de Desamparados, Limón, Pococí, Pavas y Alajuelita, donde se concentra la mayor cantidad de homicidios.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguró que las fuerzas policiales mantienen presencia permanente en estos sectores. “Se están realizando patrullajes preventivos, allanamientos y controles de armas para reducir la capacidad operativa de las bandas”, afirmó.
Los analistas en seguridad advierten que el país atraviesa una crisis de violencia estructural, impulsada por la disputa entre organizaciones criminales locales y regionales, el aumento del narcotráfico internacional y la impunidad judicial que limita las condenas efectivas contra los líderes de estas redes.
El gobierno costarricense ha solicitado apoyo técnico y logístico a agencias internacionales para fortalecer las capacidades de investigación y control fronterizo. Sin embargo, los expertos consideran que revertir la tendencia requerirá una estrategia integral que incluya prevención social, educación y oportunidades económicas en las comunidades más vulnerables.
Mientras tanto, las autoridades mantienen la alerta en todo el territorio nacional y reiteran el llamado a la población a colaborar con información que ayude a capturar a los responsables de los crímenes que siguen en investigación.
