La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, por unanimidad, el dictamen favorable para reformar la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, con el objetivo de actualizar la conformación de la Comisión Nacional de Protección Civil y adecuarla a la actual estructura administrativa del Estado.
La iniciativa fue presentada por el presidente de la República, por medio del ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, y busca armonizar la legislación vigente con los cambios realizados en 2019 mediante la reestructuración y reagrupación de diferentes dependencias gubernamentales. Según el dictamen, la actualización permitirá otorgar certeza jurídica sobre las instituciones que integran la Comisión Nacional y facilitar una coordinación interinstitucional más eficiente ante situaciones de emergencia.
La reforma actualiza la integración de la Comisión Nacional de Protección Civil e incorpora al Ministerio de Vivienda, además de adecuar la denominación de otras instituciones a la estructura actual del Gobierno. La nueva conformación contempla representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud, Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Obras Públicas y de Transporte, Vivienda, Defensa Nacional y Educación, Ciencia y Tecnología, así como de la Policía Nacional Civil.
También contempla la participación de dos representantes de la empresa privada, seleccionados de ternas propuestas por la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y representantes de asociaciones o fundaciones vinculadas con la protección civil, prevención y mitigación de desastres, correspondientes a las zonas occidental, central y oriental del país.
Durante la sesión, los diputados señalaron que la reforma permitirá alinear la composición de la Comisión Nacional con la realidad administrativa actual y fortalecer el liderazgo interinstitucional para mejorar la capacidad de respuesta ante eventos adversos. Tras el análisis de la propuesta, la comisión emitió el dictamen favorable y posteriormente lo sometió a votación, siendo aprobado por unanimidad. El proyecto establece que el decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
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