La Fiscalía General de la República (FGR) presentó prueba pericial, judicial, financiera y documental que fue admitida por la Cámara. En el proceso, el equipo fiscal solicitó que el monto cuestionado pase a favor del Estado salvadoreño y que el exdiputado sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años.
De acuerdo con la investigación fiscal, se detectaron 25 irregularidades en las cuentas de David Reyes que no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por un monto de $209,661.34. En el caso de su esposa, se identificaron tres anomalías que ascienden a $16,281.15, también sin justificación.
«Los reparos por los que se le demanda al exlegislador son mientras fungió como diputado por el partido ARENA en los periodos comprendidos del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015; del 14 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018; y del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2021», detalló la FGR.
El Ministerio Público señala irregularidades en la compra de vehículos, pagos de vivienda y tarjetas de crédito por parte del exdiputado. En el caso de su esposa, también se cuestionan pagos de tarjetas, adquisición de vehículos y propiedades.
