El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, anunció un nuevo paquete de sanciones contra Cuba, marcando un giro drástico en la política exterior hacia la isla caribeña.
Las medidas fueron firmadas el pasado 30 de junio de 2025 y han generado una fuerte reacción tanto en La Habana como en la comunidad internacional.
Entre las principales disposiciones, se restituye la designación de Cuba como “Estado patrocinador del Terrorismo”, revirtiendo así una política de la anterior administración.
Además, se reinstala la llamada “Cuba Restricted List”, que prohíbe transacciones con empresas vinculadas al aparato militar y de inteligencia cubano, incluyendo el consorcio GAESA y la empresa de remesas Orbit S.A.
El gobierno estadounidense también ha impuesto restricciones severas al turismo. Desde el 1 de julio, solo se permitirá viajar a Cuba bajo categorías específicas como visitas familiares, actividades educativas o misiones humanitarias.
Todos los viajeros deberán mantener registros por cinco años y podrán ser auditados en cualquier momento.
Asimismo, se limitan las remesas que puedan enviarse a familiares de funcionarios del régimen y se sancionará a compañías que operen en ese rubro a través de canales controlados por los militares.
Las restricciones también incluyen la negativa de visado a funcionarios gubernamentales, militares, representantes de medios estatales, diplomáticos y personas involucradas en las misiones médicas cubanas, a las que Washington acusa de explotación laboral.
La administración Trump ha reforzado además la supervisión del embargo económico, advirtiendo que intensificará auditorías, revisará permisos comerciales y continuará oponiéndose a cualquier intento de levantar el embargo en foros internacionales como la ONU.
Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó las medidas como un “abuso envuelto en mentira” y denunció que constituyen un ataque directo al pueblo cubano, al cortar fuentes esenciales de ingresos y agudizar la crisis económica que atraviesa la isla.
Analistas advierten que las nuevas sanciones aumentarán las dificultades para el acceso a bienes básicos y podrían incentivar una nueva ola migratoria.
Estas acciones reflejan una postura de máxima presión contra el régimen cubano y reafirman la línea dura del actual gobierno estadounidense frente a los países considerados hostiles o vinculados a actividades que atentan contra los intereses de Washington.
