El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó la congelación del procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países, como parte de una revisión interna de los criterios de evaluación migratoria, especialmente relacionados con seguridad y la aplicación de la norma conocida como “carga pública”. La medida, que entrará en vigor el 21 de enero, fue comunicada a embajadas y consulados estadounidenses y tendrá carácter indefinido mientras se actualizan los procedimientos.
La pausa afecta a solicitudes de visas de turismo, estudio y trabajo, y ha generado incertidumbre entre miles de personas que tenían trámites en curso o planeaban iniciar procesos consulares en los próximos meses. Aunque el gobierno estadounidense no ha publicado un listado oficial completo, información difundida por medios internacionales señala que la medida alcanza a países de distintas regiones, incluyendo África, Asia, Europa del Este, el Caribe y América Latina.
Entre los países cercanos a Centroamérica que figuran en la lista preliminar se encuentran Guatemala, Nicaragua, Belice y Colombia, además de varias naciones del Caribe. La inclusión de estos países ha despertado preocupación regional por el impacto que la suspensión podría tener en movilidad, reunificación familiar y oportunidades académicas y laborales.
El Salvador, sin embargo, no aparece entre los países afectados por la congelación. Analistas señalan que esta exclusión responde a una combinación de factores, entre ellos el nivel de cooperación bilateral en materia migratoria y de seguridad, tasas de cumplimiento consular que no se ubican entre las más altas de la región, y una evaluación de menor riesgo bajo el criterio de carga pública. A ello se suma una relación política funcional entre ambos gobiernos y el interés de Estados Unidos en evitar presiones migratorias adicionales desde un país considerado estratégico en la región.
La medida no ha sido presentada como una sanción general ni como una decisión dirigida específicamente contra una región, sino como una acción selectiva basada en evaluaciones país por país. Funcionarios estadounidenses han señalado que la revisión es dinámica y podría modificarse en función de cambios en los indicadores migratorios y de seguridad.
