El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes nuevas restricciones de visa contra ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como parte de una política dirigida contra personas que, según el Departamento de Estado, socavan gobiernos democráticamente elegidos mediante actos de corrupción o actividades vinculadas al narcotráfico. La medida se presenta como parte de los compromisos asumidos dentro del denominado Escudo de las Américas.
En Bolivia, Washington tomó medidas contra 12 ciudadanos que ya contaban con visa y sus familiares, entre ellos fiscales, jueces, un exministro, un magistrado constitucional, un exfuncionario de aduanas y un coronel de la Policía. Además, otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no poseen visa quedaron impedidos de obtenerla. El Departamento de Estado también designó públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por presunta participación en corrupción, acusándolo de solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y favorecer la evasión de la justicia. Estas son acusaciones del Gobierno estadounidense y no equivalen por sí mismas a una determinación judicial.
Las medidas también alcanzan a dos ciudadanos de Colombia, dos de Ecuador y uno de Perú, junto con sus familiares. En el caso peruano, figura Juan Carlos Núñez Matos, juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima. Según Washington, las restricciones se aplican bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite impedir el ingreso a Estados Unidos cuando la presencia o las actividades de una persona pueden generar consecuencias adversas para la política exterior estadounidense.
El anuncio se produce pocos días después de que los países participantes del Escudo de las Américas acordaran avanzar en acciones coordinadas contra organizaciones de narcoterrorismo. La declaración del 22 de septiembre contempla, según las legislaciones de cada país, posibles congelamientos de activos, restricciones migratorias y de visas, así como responsabilidad penal para quienes proporcionen apoyo material a 24 organizaciones criminales identificadas. El Salvador figura entre los países que suscribieron esa declaración junto con Estados Unidos y otras naciones del hemisferio.
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