Este miércoles, Nicaragua vivió un cambio trascendental. Entró en vigor una reforma constitucional que otorga un poder total al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, quien será la nueva “copresidenta”. La reforma, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, fue aprobada hace 19 días en segunda legislatura. La medida ha generado fuertes críticas de la ONU, la OEA, Estados Unidos y el Parlamento Europeo.
La reforma extiende el periodo presidencial de cinco a seis años y cambia la estructura del Estado. El Ejecutivo ahora tendrá control sobre todos los órganos del Estado, que ya no se considerarán poderes independientes. A su vez, la reforma legaliza la apatridia y crea nuevas fuerzas de seguridad, como las “fuerzas militares de reserva patriótica” y la policía voluntaria, que según opositores podrían convertirse en paramilitares.
La reforma define a Nicaragua como un Estado “revolucionario” que promueve la “democracia directa”. Esto implica que el poder será ejercido directamente a través de la Presidencia de la República. Esta figura coordinará todos los órganos del Estado, incluidos el legislativo, judicial, electoral y la fiscalía de cuentas. Así, la Presidencia tendrá autoridad sobre estos órganos y será la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.
También se ha establecido que la Presidencia de Daniel Ortega estará a cargo de un copresidente y una copresidenta, quienes estarán en funciones durante seis años. Estos líderes podrán nombrar vicepresidentes sin necesidad de elecciones. Además, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el poder, verá su bandera adoptada como símbolo oficial del país.
La reforma crea las fuerzas militares de reserva patriótica y una policía voluntaria. Las fuerzas de reserva estarán formadas por oficiales y exfuncionarios del Ejército, y actuarán bajo su estructura. La policía voluntaria será un cuerpo auxiliar formado por ciudadanos nicaragüenses que prestarán servicio de forma voluntaria.
La reforma de Daniel Ortega también otorga al Estado la capacidad de controlar los medios de comunicación. El objetivo es evitar que se divulguen noticias falsas o que los medios se sometan a intereses extranjeros que puedan amenazar los derechos de los nicaragüenses.
