El Salvador ya no forma parte del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), y como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar. La Junta Directiva de este organismo regional, financiado durante años con fondos públicos de los países miembros, emitió un comunicado (a excepción de los directivos salvadoreños) donde lanza acusaciones contra los diputados salvadoreños, especialmente de la bancada de Nuevas Ideas.
El documento, cargado de lamentos y reclamos, condena que los parlamentarios salvadoreños hayan expresado —durante la reforma constitucional que concretó la salida del país— que el PARLACEN no genera ningún beneficio tangible para la población.
Pero más allá de sus reclamos, lo cierto es que El Salvador pagó por años a un organismo que no resolvía nada, no promovía cambios reales y solo servía como trinchera política para personajes con fuero, algunos incluso acusados de corrupción.
Los diputados dejaron claro en sus intervenciones que no se trataba de atacar por atacar, sino de corregir décadas de despilfarro institucional, de cerrar la puerta a un modelo fracasado de integración que nunca representó los intereses del pueblo salvadoreño.
Mientras el PARLACEN se queja por “ofensas”, El Salvador avanza hacia una nueva etapa de soberanía y dignidad, donde ya no se regalarán millones de dólares a burocracias vacías.
El dinero del pueblo salvadoreño ahora se invertirá en obras reales, no en dietas, viajes y discursos vacíos.
