El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa brindando soluciones habitacionales a familias salvadoreñas que por años esperaron la legalización de sus viviendas. Un total de 68 familias de las comunidades Milagro de Dios, en San Martín, y San Felipe 4, en Ilopango, han recibido escrituras de propiedad, garantizando así la seguridad jurídica de sus hogares.
Reynaldo Cabrera, residente de la comunidad San Felipe 4, expresó su agradecimiento al Gobierno por dar respuesta a su petición. “Después de 35 años de habitar en este lugar, tenemos la certeza y seguridad porque recibiremos las escrituras que nos acreditan como dueños legítimos de las casas que poseemos”, afirmó.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó que la inversión social en este proceso de legalización asciende a $30,600, mientras que el valor total recuperado a favor de las familias alcanza los $680,000. “Tenemos 37 familias de la comunidad Milagro de Dios, de San Martín, quienes en 2009 se asentaron en un terreno, y 31 familias de San Felipe 4, de Ilopango, que en 1990 huyeron de sus lugares de origen a causa del conflicto armado y entre todos compraron este terreno, del cual ahora les entregamos sus escrituras individuales”, detalló la funcionaria.
Durante el acto de entrega, la ministra destacó el esfuerzo y la perseverancia de las familias beneficiadas, resaltando que “esta es la justicia social que el Presidente Nayib Bukele está buscando a escala nacional y por la que estamos trabajando juntos”. Asimismo, destacó que el 69 % de las escrituras entregadas corresponden a mujeres, como parte de las acciones que buscan su empoderamiento.
La funcionaria agregó que el Sistema de Vivienda llevó a cabo un exhaustivo proceso de diagnóstico y análisis, incluyendo estudios jurídicos, técnicos, registrales y catastrales, mediciones topográficas, estudios hidrológicos y la elaboración y aprobación de planos. Además, gestionó la calificación de interés social para la reducción de los aranceles en el Centro Nacional de Registros (CNR), facilitando así la inscripción de los documentos de propiedad.
Estas acciones son parte del compromiso de la administración Bukele con la legalización de asentamientos y la entrega de seguridad jurídica a las familias salvadoreñas, garantizando que más comunidades en todo el país puedan acceder a su derecho de una vivienda digna.