El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado este miércoles a 45 años de cárcel y 5 de libertad vigilada por el delito principal de narcotráfico, es el último de una larga serie de dirigentes políticos latinoamericanos que acaban sus días en un tribunal o una cárcel de EE.UU. o juzgados en su país tras ser extraditados por Estados Unidos, por delitos relacionados con las drogas o la corrupción.
En enero de 2022, el Departamento de Justicia de EEUU acusó a Hernández, quien recién había finalizado su mandato, de conspiración para importar cocaína a este país, cargo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una sentencia máxima de cadena perpetua, además de otros delitos relacionados con el porte y uso de armas, castigados con entre 30 años y la perpetuidad.
El exmandatario, quien gobernó Honduras hasta el 2022, ha mantenido su reclamo de inocencia y en una carta enviada el viernes pasado al juez, reiteró que su juicio estuvo «plagado de errores» e «injusticias», hasta convertirse en un «linchamiento» ejecutado por el sistema de justicia de EEUU.
Hernández fue arrestado en su hogar en Honduras en febrero de 2022, esposado de pies y manos, y en abril extraditado a EEUU, gracias a un acuerdo de extradición concluido durante su gobierno. Solo habían pasado tres meses desde que concluyó su segundo mandato.
