El Fiscal General, Rodolfo Delgado participó en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa para dar a conocer el contenido de la nueva Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
De acuerdo con el funcionario, esta nueva Ley de Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, pretende llevar a El Salvador a un marco normativo de primer mundo que busca la prevención, la detección y el combate de las actividades criminales sin necesidad de una sobrerregulación como la que tenía la ley vigente. «Se debe actualizar la normativa, es una necesidad imperante, no podemos continuar con un marco normativo que está vigente desde 1999, que tiene sobrerregulación que atenta contra la inclusión financiera».
Además, menciona que en este nuevo sistema la UIF tiene un papel importante basado en 3 recomendaciones que potenciarán la apertura financiera del país. “Todo este sistema está basado en la creación del Comité Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT) que busca mejorar la cooperación y coordinación nacional en la que hay presencia de los tres poderes del Estado, a través de la Superintendencia del Sistema Financiero, el Ministerio de Economía y la Fiscalía.
El Fiscal plantea redefinir sujetos obligados en la nueva ley: «Actualmente, un emprendedor que recién inicia su negocio, que decide conformar una SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas) o una S.A. de C.V. automáticamente es un sujeto obligado», explica. Destacó que quedan excluidas las personas jurídicas, excepto las que se dediquen a actividades de naturaleza financiera o que conformen entre sí conglomerados financieros.
De aprobarse la normativa de acuerdo a estándares internacionales, El Salvador estaría a la vanguardia en la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el propósito de obtener mejores calificaciones y resultados en las próximas evaluaciones mutuas de país que realicen los organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional.
