El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha dado un nuevo paso para atraer inversión y dinamizar la economía del Centro Histórico de San Salvador, al oficializar la inscripción de 45 trámites en el Registro Nacional de Trámites, gracias al trabajo conjunto entre la Autoridad del Centro Histórico y el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).
Durante el acto oficial, la directora general de la Autoridad del Centro Histórico, Adriana Larín, destacó que este logro representa no solo un avance técnico, sino también un cambio estructural en la gestión pública. “Hoy, no solo celebramos la inscripción oficial de 45 trámites, que representa casi el 100% del total, sino también la historia que se está haciendo y el impacto real en el desarrollo urbano, económico y social del corazón de San Salvador”, afirmó.
Larín recordó que este proyecto tiene más de una década de impulso, desde que el presidente Nayib Bukele, entonces alcalde de San Salvador, inició el proceso de recuperación del centro capitalino con una visión clara: devolverle la vida al centro, repoblarlo y convertirlo en un lugar de oportunidades.
Por su parte, Mariana Carolina Gómez, directora ejecutiva del OMR, subrayó que este avance posiciona a la Autoridad del Centro Histórico como una institución líder en simplificación, mejora regulatoria y transformación digital. “Este proceso incluyó análisis legales, rediseño digital y eliminación de requisitos innecesarios, con un solo objetivo: poner al ciudadano al centro”, explicó.
Además, Gómez enfatizó que en el pasado los trámites eran lentos, engorrosos y muchas veces excluyentes. Ahora, con estos cambios, se avanza hacia un sistema más accesible, transparente y eficiente, alineado con la Ley de Mejora Regulatoria y leyes afines.
Ambas funcionarias coincidieron en que el Centro Histórico no solo representa un patrimonio cultural invaluable, sino que también es motor clave del desarrollo económico, social y turístico de la capital. Con esta nueva política pública, El Salvador consolida su apuesta por la modernización del Estado, la confianza del inversionista y la dignificación del ciudadano.
