La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa, inició el martes 23 de julio un estudio de tres iniciativas enviadas por el Presidente Nayib Bukele, en el sentido de que se reformen el Código Penal y el Código Procesal Penal, hoy lunes 29 ha dado continuidad a ese estudio.
Esta solicitud busca garantizar los derechos de las víctimas de delitos de mayor incidencia, permitir un ejercicio más efectivo de las competencias fiscales, descongestionar los tribunales y asegurar el ejercicio de las libertades fundamentales.
En la primera sesión, los diputados acordaron invitar en la próxima reunión, al Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro; en este segundo encuentro, el titular brindó sus aportes sobre los expedientes en estudio, en dónde destacó la necesidad de estas reformas que darán paso a seguir evolucionando en el tema de la seguridad desde el punto judicial.
El Ministro Villatoro dijo que, “Las normativas en el pasado incrementaron el costo a la sociedad para hacer justicia y redujeron el costo al criminal, generando impunidad. Esas leyes le exigían al juez poner en libertad al imputado so pena de procesarlo”, esto con el fin de poseer herramientas legales que generen verdadera reparación al daño y así velar por los derechos de las víctimas de delitos patrimoniales enfatizó.
Las reformas propuestas al Código Penal incluyen:
- Sobre el delito de estafa, se incrementa la pena de 5 a 8 años y se incorporan nuevas modalidades cuando este sea cometido por uso de tarjeta de crédito, débito o cualquier instrumento de pago material o inmaterial.
- Incrementar las penas de 6 a 8 años de prisión al delito de hurto. Actualmente, tiene una regulación de 2 a 5 años. También, se incrementan las penas por hurto agravado de 10 a 15 años.
- El delito de daños tendrá un aumento de 2 a 5 años, considerando que tanto los daños y daños agravados que incrementan de 5 a 10 años.
- En cuanto al delito de robo, la pena de prisión se aumenta de 10 a 20 años. Para el delito de robo agravado, la condena incrementa de 20 a 30 años y se incorpora una nueva agravante sobre el sujeto activo siempre que se trate de un servidor público.
