Las distribuidoras de energía deberán ajustar los precios y publicar las tarifas a usuario final según lo determine la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, que además estará facultada para recopilar información necesaria.
El Ministerio de Hacienda emitirá “notas de crédito del tesoro público” para absorber la diferencia respecto al aumento del precio real de la energía y evitar el impacto en los usuarios finales.
Esta medida llega después que venciera el decreto que congeló las tarifas de energía en octubre del año pasado.
