El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció que esta semana presentará al Congreso una ley antipandillas que incluye la creación de una cárcel de máxima seguridad exclusiva para pandilleros y el aumento de penas por delitos como extorsión y obstrucción extorsiva del tránsito. La iniciativa también contempla la eliminación de medidas sustitutivas para estos delitos, reformas al Código Procesal Penal y medidas para combatir la usura ejercida por grupos extranjeros.
Las autoridades explican que la prisión de máxima seguridad permitirá aislar a los reclusos bajo vigilancia extrema, con grabaciones de todas las áreas, incluyendo las visitas, y períodos de aislamiento que podrán ser prorrogables según el riesgo que represente el recluso. Además, se prevé la inhabilitación de cuentas bancarias utilizadas para actividades ilícitas y la expulsión inmediata de extranjeros convictos por prácticas de usura.
Algunos analistas están comparando estas medidas con las implementadas en El Salvador, leyes antipandillas que han generado resultados positivos en términos de seguridad pública. Entre los principales logros se encuentra la reducción significativa de homicidios, la captura masiva de miembros de pandillas y la condena de funcionarios involucrados en corrupción vinculada a estas estructuras criminales. Asimismo, se han aprobado reformas legales que aumentan las penas para líderes de pandillas y agilizan los procesos judiciales, contribuyendo a una disminución de la violencia y mayor control sobre la actividad criminal en el país. Estas experiencias pueden estar siendo tomadas como referencia para las acciones que busca implementar el gobierno guatemalteco.
Expertos y analistas señalan que las medidas propuestas por Arévalo guardan similitudes con las adoptadas en El Salvador, donde el endurecimiento de penas y la creación del CECOT, la prisión de alta seguridad exclusiva para pandilleros de alta peligrosidad han sido instrumentos clave para reducir la violencia y desarticular estructuras criminales.
El presidente Arévalo, ha dicho que esta ley representa un paso importante para enfrentar de manera frontal el crimen organizado y la violencia generada por las pandillas en Guatemala, sin embargo, muchos guatemaltecos continúan presionando para que el mandatario reconozca a las pandillas como «terroristas», replicando así, algunas de las estrategias que han sido ejecutadas con resultados notorios en la vecina nación.
