México aprobó la llamada “Ley Antimemes”, una reforma legal que contempla penas de hasta cinco años de prisión por el uso fraudulento de símbolos, logotipos y otros elementos de identidad oficial del Gobierno. La medida fue avalada por la Cámara de Diputados en medio de un debate entre el oficialismo y la oposición sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión.
La reforma fue aprobada el 21 de octubre con 281 votos a favor y 87 en contra, después de una discusión en la que legisladores opositores cuestionaron el alcance de las disposiciones. El proyecto fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación y posterior entrada en vigor, por lo que su aprobación legislativa no significa, por sí sola, que las sanciones ya sean aplicables.
El nuevo artículo contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de entre 1,000 y 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes utilicen, reproduzcan o imiten, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales con el propósito de engañar sobre su origen y cometer un ilícito. La reforma forma parte de cambios más amplios a la legislación de propiedad industrial y al Código Penal Federal para combatir la falsificación y determinados delitos relacionados con la piratería.
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y los legisladores de Morena defienden la medida como una herramienta para combatir fraudes y suplantaciones de identidad institucional. Entre los riesgos que busca atender están las páginas y plataformas que imitan sitios gubernamentales para engañar a los ciudadanos, así como el uso de elementos oficiales para aparentar que una comunicación o servicio cuenta con respaldo de una institución pública.
Sin embargo, la oposición ha advertido que la redacción podría dar lugar a interpretaciones que afecten la sátira política, las caricaturas y los contenidos publicados en redes sociales. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que no se incorporaran excepciones expresas para usos humorísticos, periodísticos o de crítica política, y alertaron sobre la posibilidad de que la norma genere temor entre quienes publican contenidos relacionados con funcionarios y autoridades.
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