El Tribunal Correccional de París declaró ayer a la dirigente de Reagrupamiento Nacional (RN), Marine Le Pen, culpable en un caso de malversación de fondos públicos y sentenció su inhabilitación política por cinco años con efecto inmediato. La inhabilitación para cualquier futuro cargo público se mantendrá incluso en caso de recurso mientras llega su resolución.
Es una sentencia dura que además le impone cuatro años de cárcel (dos de ellos firmes, con un brazalete electrónico) y una multa de 100.000 euros. La inhabilitación, que no afecta a su escaño de diputada, es un terremoto político a solo dos años de unas presidenciales en las que Le Pen partía como favorita.
El juicio ha probado que durante 11 años la formación ultra ha desviado dinero del Parlamento Europeo para la contratación de asistentes que, en realidad, trabajaban para el partido en Francia, para financiar actividades y remunerar a sus cargos nacionales.
El tribunal estima el fraude en 4,1 millones de euros. Le Pen ocupó un papel central en ese sistema de desvío “organizado y centralizado”. Con ella han sido condenados otros 22 cargos de la formación.
El partido xenófobo se enfrenta también al pago de una multa de dos millones de euros, lo cual acentúa su ya frágil situación financiera. El delfín de Le Pen, Jordan Bardella, se perfila como su sustituto natural en la carrera hacia el Elíseo, pero su notoria falta de preparación divide a los dirigentes del RN.
La práctica condenada ahora tiene precedentes en Francia. El actual primer ministro, François Bayrou, fue absuelto el pasado febrero en un caso similar por falta de pruebas. La ley que introdujo la inhabilitación política inmediata en caso de delito fue aprobada en 2016 con el apoyo del propio RN.
El impacto de la inhabilitación de Le Pen es importante en un ambiente de gran polarización tras las últimas elecciones y con una inestabilidad parlamentaria desconocida hasta ahora en Francia, después de que las últimas elecciones arrojaran una Asamblea sin una mayoría clara en la que pueda apoyarse el Gobierno.
Le Pen proclamó que se trata de una sentencia “política”. Sus seguidores y figuras destacadas de la derecha tradicional, han puesto en duda la imparcialidad del tribunal con el mismo argumento y calificando la decisión de antidemocrática. Un argumento muy peligroso, al puro estilo trumpiano o berlusconiano, al que incluso se ha sumado desde la izquierda el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.
