Un megaoperativo simultáneo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizado durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de enero en más de 124 cárceles de Colombia dejó al descubierto tanto redes criminales internas como graves deficiencias en servicios básicos para las personas privadas de la libertad.
La intervención, que contó con la presencia del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, y del director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, permitió decomisar una gran cantidad de elementos prohibidos dentro de los penales. Entre los hallazgos se incluyen:
• 1.320 teléfonos celulares y 1.700 tarjetas SIM incautados, evidenciando que pese a los esfuerzos, los internos continúan manteniendo comunicaciones no autorizadas.
• 480 armas blancas, algunas de fabricación artesanal y de hasta medio metro de largo, que representan un riesgo para la seguridad interna.
• Más de 27 kilos de drogas, mostrando la magnitud del contrabando dentro de los centros de reclusión.
• 620 litros de licor y cerca de 13 millones de pesos en efectivo, indicando la profundidad de las redes de contrabando y comercio ilegal.
El operativo se realizó como parte de un plan para actualizar los sistemas de inhibidores de señal, equipos que no recibían mantenimiento desde 2012, con el objetivo de dificultar el uso de celulares para delitos como la extorsión y amenazas desde el interior de las cárceles.
Además de los decomisos, la inspección puso de manifiesto serias problemáticas en la atención a los internos. En la cárcel La Picota, principal penal de Bogotá, se observaron condiciones insuficientes de agua, alimentación y atención médica, así como hacinamiento y deficiencias en infraestructuras básicas que afectan la vida diaria de la población reclusa.
Durante el operativo también se percibió preocupación entre los internos sobre políticas de traslado o extradición, particularmente en relación con posibles envíos a otros países, lo que ha generado incertidumbre y tensiones adicionales en un sistema ya sobrecargado.
El coronel Gutiérrez indicó que toda la información obtenida será remitida a la Fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes, y que este tipo de procedimientos se repetirá con mayor frecuencia como parte de una ofensiva continuada del Gobierno contra las redes delictivas dentro de las cárceles.
En síntesis, el operativo no solo evidenció la presencia de redes criminales que operan desde los centros penitenciarios, sino que también sacó a la luz problemas estructurales y de atención que ponen en riesgo la seguridad y los derechos de quienes están bajo custodia estatal.
