El vocero de la Mesa Nacional del Transporte, Lucio Vásquez, reconoció los esfuerzos del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para mantener los precios de los combustibles entre los más bajos de Centroamérica, al mismo tiempo que confirmó avances en acuerdos clave para el sector transporte público.
Vásquez aseguró que, tras una reunión sostenida con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y el director de Transporte, se lograron consensos importantes que serán presentados formalmente al Ejecutivo. Entre estos destaca la propuesta de establecer un tope al precio del diésel para el transporte colectivo, que oscilaría entre $2.00 y $2.50 por galón.
El empresario explicó que otra de las principales demandas del sector es contar con liquidez inmediata, especialmente ante la posible implementación de una nivelación tarifaria. Según detalló, la solicitud busca garantizar que, una vez aprobadas las medidas, los transportistas puedan disponer de recursos de forma inmediata para sostener sus operaciones.
Asimismo, Vásquez informó que existe un compromiso por parte de las autoridades de saldar en los próximos días la deuda correspondiente a la compensación económica que el Gobierno mantiene con los empresarios del transporte público. De acuerdo con sus estimaciones, el monto pendiente oscila entre $12 y $15 millones.
El vocero expresó satisfacción por la disposición mostrada por las autoridades y calificó como positiva la voluntad de cumplir con los pagos adeudados al sector.
En cuanto al comportamiento de los precios de los combustibles, Vásquez destacó que El Salvador ha logrado mantener tarifas más bajas en comparación con el resto de países de la región. Señaló que este resultado responde a medidas implementadas por el Gobierno, como ajustes escalonados o mecanismos de subsidio que han evitado incrementos bruscos.
Finalmente, reiteró que el sector transporte reconoce la gestión realizada en materia de combustibles, aunque insistió en la necesidad de avanzar en soluciones estructurales que permitan garantizar la sostenibilidad financiera del servicio público.
