El Comité de los Derechos del Niño (CRC), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH-CA) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) expresaron su preocupación ante las reformas a la Ley Penal Juvenil y la Ley Penitenciaria en El Salvador, a través de un comunicado publicado en sitio web oficial.
Estas reformas aprobadas este miércoles 13 de febrero por la Asamblea Legislativa en la plenaria ordinaria #43, habilitan que menores de edad pertenecientes a pandillas privados de libertad por delitos cometidos en modalidad de crimen organizado, los cuales actualmente están en Centros de Internamiento de Menores, cumplan su detención provisional o pena de prisión en centros penitenciarios de adultos, administrados por la Dirección General de Centros Penales.
Si bien el decreto es claro en mencionar que los adolescentes estarían en pabellones separados, donde los menores de 18 años serán ubicados en un sector; de 18 a 21 en otro, y al cumplir los 21 serán incorporados al régimen penal de adulto; el comunicado menciona que la administración de los sectores «pasaría a manos de una entidad que no cuenta con especialización en niñez y adolescencia, y las medidas serían cumplidas en centros originalmente diseñados para personas adultas».
Asimismo, el documento explica que: «Existen abundantes evidencias de que internar adolescentes en un centro o prisión diseñados para personas adultas pone en peligro su seguridad básica, su salud, especialmente en lo que respecta a su desarrollo psicológico y emocional, así como su capacidad para mantenerse en el futuro al margen de la delincuencia y reinsertarse positivamente en la sociedad.».
Sin embargo, las instituciones pronunciadas no consideran en su pronunciamiento que, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, más del 70% de la población de los actuales Centros de Internamiento de Menores está relacionada a organizaciones criminales y terroristas, es decir pandilleros, por lo que la medida solicitada por el ejecutivo sobre estas reformas defiende la necesidad de garantizar la seguridad pública del resto de salvadoreños que por décadas sufrieron el sometimiento bajo estos grupos criminales.
