El presidente interino de Perú, José Jerí, declaró este martes un estado de emergencia en la ciudad de Lima y la provincia del Callao por un periodo de 30 días, ante el incremento sostenido de la violencia y la delincuencia organizada que golpea al país. La medida entró en vigor a partir de las 12:00 a.m. del 22 de octubre.
El decreto autoriza la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden público, suspende el derecho de libre tránsito y reunión en ciertas zonas, y permite la ejecución de operativos de control e inspecciones en barrios con alta incidencia criminal.
“Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, afirmó Jerí durante el anuncio oficial desde Palacio de Gobierno. Entre las acciones inmediatas destacan la prohibición de que dos personas circulen en una misma motocicleta, el refuerzo en los controles penitenciarios, la destrucción de antenas ilegales de comunicación y un mayor patrullaje militar en los distritos más afectados.
La decisión del Ejecutivo ocurre en medio de un clima de tensión social y política, marcado por protestas y una creciente percepción de inseguridad ciudadana. De acuerdo con recientes encuestas, la delincuencia es considerada actualmente el principal problema por la mayoría de los peruanos.
El Gobierno aseguró que el estado de emergencia será evaluado al término de los 30 días para determinar si se extiende a otras regiones del país.
