El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó con dureza al caso de Noelia, la joven española de 25 años que recibirá eutanasia este jueves en Barcelona tras sufrir una violación múltiple en 2022 en un centro tutelado, un intento de suicidio que la dejó parapléjica y un profundo trauma que no ha podido superar.
A través de sus declaraciones, Bukele señaló directamente a las organizaciones de derechos humanos como responsables ideológicos de este desenlace, afirmando que representan el extremo de una agenda que, bajo la bandera de la “tutela de derechos”, termina priorizando la muerte de la víctima sobre su protección y justicia.
“Este es el fin último de las organizaciones de ‘derechos humanos’”, declaró Bukele. “Vean todo el caso, desde el inicio hasta el final que pretenden; cada uno de los pasos es parte de la ‘tutela de derechos humanos’ conseguida con sus ‘luchas y conquistas’”, agregó.
El mandatario salvadoreño fue más allá y rechazó cualquier lección moral proveniente de estos grupos: “Jamás los escucharemos, no importa cuánto nos ataquen”.
“No tienen nada que venir a decirnos; más bien, nosotros deberíamos estar denunciándolos a ustedes por lo que le hacen a mujeres como Noelia”, expuso.
En su crítica más fuerte, Bukele describió a estas organizaciones como “los bufetes de abogados de los delincuentes”, que “prefieren LITERALMENTE matar a las víctimas en lugar de protegerlas”.
“El mundo necesita urgentemente liberarse de estas organizaciones”, concluyó.
El caso de Noelia ha generado un intenso debate internacional. La joven fue víctima de una agresión sexual grave en una institución pública que debía protegerla. Tras el trauma, intentó quitarse la vida saltando desde un quinto piso, lo que le provocó una paraplejía irreversible.
Después de más de un año y medio de batallas judiciales —incluyendo oposiciones de su padre y recursos ante tribunales españoles y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos—, las autoridades españolas autorizaron la eutanasia, que se llevará a cabo este 26 de marzo.
Mientras tanto, en El Salvador, el gobierno de Bukele ha impulsado reformas penales que incluyen la cadena perpetua para violadores y otros delincuentes graves, en un enfoque diametralmente opuesto: priorizar la protección de las víctimas y el castigo severo a los agresores.
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