La Asamblea Legislativa aprobó este jueves, con 57 votos, reformas a la Ley de Protección de Datos Personales que eliminan para las empresas privadas la obligación de contar con un Delegado de Protección de Datos Personales. La disposición se mantiene para las instituciones públicas, que continuarán sujetas a este requisito.
Con esta modificación, el sector empresarial tendrá una reducción de cargas administrativas y de los costos asociados a la incorporación de un delegado específico para atender las obligaciones relacionadas con la protección de datos. La medida puede facilitar el cumplimiento de la normativa, particularmente para pequeñas y medianas empresas que debían asumir una estructura adicional para atender este requisito.
La reforma, sin embargo, no elimina la protección de los datos personales de los salvadoreños ni las responsabilidades de las empresas sobre la información que manejan. Los ciudadanos mantienen derechos como acceder a sus datos, solicitar su corrección o cancelación, oponerse a determinados tratamientos, ejercer la portabilidad, el olvido y la limitación del tratamiento de su información.
A partir de los cambios, las empresas seguirán siendo responsables de atender las solicitudes relacionadas con los datos personales, aunque ya no estarán obligadas a designar una persona que ejerza específicamente como Delegado de Protección de Datos. Esto significa que la responsabilidad pasa a recaer directamente sobre el sujeto obligado, que deberá establecer los mecanismos internos necesarios para garantizar el ejercicio de estos derechos.
La reforma también se produce después de que la Agencia de Ciberseguridad del Estado dejara sin efecto el plazo del 16 de septiembre que había establecido para comunicar los nombramientos de los delegados. Con la modificación aprobada por la Asamblea, el sector privado deja de tener la obligación legal de contar con esta figura, mientras que las instituciones públicas mantienen el requisito.
De esta forma, los cambios aprobados buscan reducir trámites y obligaciones para las empresas sin retirar a los ciudadanos las herramientas legales para ejercer control sobre su información personal. El cumplimiento de las normas de protección de datos continuará siendo responsabilidad de las empresas que recopilen, almacenen o procesen información de sus usuarios y clientes.
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