Un total de siete presuntos miembros de pandillas se encuentran a las puertas de un juicio oral y público por su presunta responsabilidad en dos homicidios agravados, según reveló la fiscal asignada al caso durante una audiencia preliminar en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla.
La fiscal del caso, quien prefirió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, detalló que las pruebas recolectadas son «abundantes y contundentes», incluyendo evidencia documental como registros de comunicaciones interceptadas, peritajes forenses que vinculan a los acusados con las escenas del crimen, y testimonios de testigos oculares y colaboradores eficaces.
«Estas pruebas no dejan lugar a dudas sobre la participación directa de los imputados en los hechos», enfatizó la representante del Ministerio Público.
Los homicidios ocurrieron en el marco de disputas territoriales entre pandillas en la zona oeste de San Salvador, y se clasifican como agravados debido a la planificación premeditada y el uso de armas de fuego. La fiscal ha solicitado al tribunal la imposición de la pena máxima prevista en el Código Penal salvadoreño para este delito: hasta 50 años de prisión por cada homicidio, lo que podría traducirse en condenas acumuladas que superen los 100 años para los procesados.
El Tribunal Segundo de Sentencia, presidido por un panel de tres jueces, programó el inicio del juicio para la próxima semana, con la expectativa de que dure al menos dos meses dada la complejidad de las pruebas. Las autoridades judiciales han reforzado la seguridad en torno al proceso, citando el alto perfil de los acusados y el contexto de violencia pandillera en la región.
Esta audiencia forma parte de una ofensiva más amplia contra las estructuras criminales en El Salvador, impulsada por el gobierno bajo el régimen de excepción vigente desde 2022. Expertos en criminología destacan que casos como este representan un avance en la desarticulación de redes delictivas, aunque advierten sobre la necesidad de protección continua para los testigos involucrados.
El Ministerio Público reiteró su compromiso con la lucha contra la impunidad, instando a la ciudadanía a denunciar actos de violencia de manera anónima a través de las líneas habilitadas. Se espera que el veredicto final envíe un mensaje disuasorio a otras facciones criminales operando en el país.
