Cristosal criticó las recientes reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador, impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, que endurecen las penas y procedimientos judiciales contra los pandilleros detenidos durante el Régimen de Excepción y el Plan Control Territorial.
De acuerdo con la institución, estas medidas convierten la detención provisional en “penas anticipadas” y constituyen lo que denominaron un “terror de Estado”. Sin embargo, las reformas a la Ley Especial contra el Crimen Organizado (LECO), aprobadas el 15 de agosto, buscan evitar que los cabecillas de pandillas y criminales organizados salgan en libertad por tecnicismos judiciales o retrasos procesales.
El Gobierno ha defendido estas modificaciones como una estrategia necesaria para garantizar que quienes han cometido graves delitos, incluyendo asesinatos, extorsiones y actos de terror contra la población, enfrenten la justicia sin privilegios. Las reformas permiten extender los procesos judiciales y fortalecer la capacidad del Estado para desarticular estructuras criminales que durante décadas operaron con impunidad.
Pese a ello, Cristosal sostiene que se trata de una violación a los derechos humanos de los detenidos, e insiste en que estas medidas prolongan injustificadamente la fase de instrucción penal. La organización también ha denunciado la aplicación de las reformas a menores de edad procesados por delitos vinculados al crimen organizado; sin embargo, opiniones en redes sociales han señalado que es de conocimiento público que las pandillas utilizaban como estrategia el uso de menores para cometer asesinatos, precisamente porque estos no eran procesados como adultos y obtenían su libertad de forma rápida para retomar las acciones delictivas para las que estaban formados desde temprana edad.
La administración Bukele, por su parte, ha señalado que los cambios legales responden al clamor de los salvadoreños, que respaldan el #RégimenDeExcepción como una herramienta eficaz contra la violencia. Desde su implementación en marzo de 2022, más de 80 mil pandilleros han sido capturados y las cifras oficiales reportan una reducción histórica en homicidios y extorsiones.
Mientras Cristosal señala abusos judiciales, el Ejecutivo insiste en que las reformas son un paso más para blindar la seguridad del país y garantizar que nunca más las pandillas retomen el control de las comunidades.
