En 2015, el gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén bajo la bandera del FMLN, tomó la polémica decisión de vender el 80% de las reservas de oro de El Salvador, equivalentes a 5,412 toneladas, por un valor aproximado de 206 millones de dólares.
La operación fue ejecutada por el Banco Central de Reserva (BCR) con el argumento de diversificar riesgos y proteger las reservas internacionales ante la volatilidad de los mercados financieros.
El ejecutivo logró, en la última semana de abril de ese año, luz verde de la Asamblea Legislativa para emitir bonos por $900 millones de dólares, destinados a financiar «supuestos planes de seguridad, programas sociales y pagar intereses de la deuda», que ascendían a unos $15,800 millones de dólares, aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
La venta de las reservas de oro contrastó con la realidad de 2015, considerado el año más violento en la historia reciente de El Salvador. El país registró un total de 6,656 homicidios, lo que representó una tasa de 106,3 asesinatos por cada 100 mil habitantes, la más alta del mundo en ese período, colocando a El Salvador en la categoría de «país más violento del mundo en tiempos de paz».
Este alarmante repunte de la violencia se dio tras el colapso de la tregua entre las principales pandillas, MS13 y Barrio 18, y evidenció el fracaso de los supuestos programas financiados con los bonos emitidos por el gobierno para seguridad que jamás llegó a los salvadoreños en época del FMLN.
La decisión de vender el oro y emitir deuda generó críticas de diversos sectores, que cuestionaron la prudencia financiera y los efectos de estas medidas en la estabilidad económica del país, especialmente en un año marcado por la inseguridad y la violencia sin precedentes, principalmente porque fue el único país que vendió oro en marzo de ese año, mientras que Turquía, Bielorrusia, Kazajistán y Rusia aumentaron sus tenencias, según datos publicados días antes por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
