El Salvador salió oficialmente de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un mecanismo que durante cerca de dos décadas mantuvo al país bajo observación internacional por conflictos y denuncias relacionadas con el ámbito laboral. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, calificó la decisión como una victoria para el país y aseguró que representa el fin de una de las principales limitantes que afectaban la imagen de El Salvador ante organismos internacionales, inversionistas y mercados globales.
De acuerdo con el funcionario, permanecer en la lista corta equivalía a una señal de alerta para potenciales inversionistas. Castro comparó la situación con un semáforo en rojo, indicando que la presencia de un país en este listado puede generar dudas sobre la estabilidad de las relaciones entre empleadores, trabajadores y el Estado, influyendo incluso en las condiciones para acceder a financiamiento internacional o atraer inversiones de gran escala. Según explicó, la exclusión de El Salvador mejora la percepción internacional del país y fortalece las condiciones para la llegada de nuevos proyectos de inversión y generación de empleo.
El ministro destacó que este resultado ocurre en un contexto en el que la imagen internacional de El Salvador se ha fortalecido por diversos factores, entre ellos la mejora en los indicadores de seguridad y la proyección internacional del presidente Nayib Bukele. Señaló que durante las reuniones sostenidas en Ginebra, Suiza, representantes de empresas multinacionales mostraron interés en explorar oportunidades de inversión en el país, al considerar que uno de los señalamientos internacionales más relevantes en materia laboral ha quedado superado.
Castro también atribuyó el resultado al trabajo realizado durante los últimos años para fortalecer el diálogo entre los distintos sectores productivos. En ese sentido, resaltó que empleadores y trabajadores respaldaron de forma unánime la posición salvadoreña durante las discusiones en la OIT. Además, afirmó que la nueva relación entre el Gobierno, organizaciones sindicales y representantes empresariales permitió construir consensos que anteriormente no existían y que durante años contribuyeron a mantener al país bajo observación.
El funcionario destacó además el acompañamiento brindado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) durante la etapa final del proceso. Según explicó, en el pasado diversos sectores empresariales respaldaron denuncias que derivaron en observaciones internacionales para El Salvador; sin embargo, sostuvo que la actual dirigencia de la gremial ha impulsado una visión más orientada a la construcción de acuerdos y a la defensa de los intereses nacionales en los foros internacionales.
Asimismo, señaló que el fortalecimiento de las relaciones con organizaciones sindicales internacionales como la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) contribuyó a consolidar una posición más favorable para el país. A su juicio, la coordinación entre sectores permitió presentar una imagen de unidad que fue determinante para alcanzar este resultado.
Pese al logro, Castro advirtió que el reto ahora será evitar que El Salvador vuelva a ser incluido en este tipo de observaciones. Para ello, afirmó que será necesario mantener el diálogo social, garantizar el debido proceso para todos los actores involucrados y asegurar el estricto cumplimiento de la legislación laboral. “Una cosa es salir y otra es no volver a entrar”, expresó el funcionario, quien considera que la decisión marca el inicio de una nueva etapa para el país en materia de relaciones laborales y proyección internacional.
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